Hace tiempo que la investigación ha constatado que la repetición de curso es una medida que no comparta beneficios (en todo caso, perjuicios) en el progreso educativo o en las actitudes del alumnado repetidor, mientras que es una medida extremadamente costosa. A pesar de ello, la repetición sigue siendo una práctica presente en nuestro sistema educativo.

La investigación también señala que la educación 0-3 favorece las oportunidades de los infantes con menos recursos. Sabemos, además, que el retorno de esta inversión en términos económicos y sociales está muy por encima de su coste. Hasta ahora, pero, no ha habido una política decidida de universalización del acceso a la educación en esta etapa.

La supresión de la repetición y la universalización de una educación 0-3 de calidad deberían suponer un incremento de las oportunidades educativas del conjunto del alumnado e incrementarían la equidad y la eficiencia del sistema. Entonces ¿porqué no hay un auténtico impulso de estas políticas?

La falta de atención a las conclusiones de la investigación tiene como consecuencia una perdida de oportunidades de mejora del sistema y un incremento de la desigualdad.

Se trata de un síntoma del modesto papel que, en nuestra casa, juegan las evidencias científicas en la toma de decisiones alrededor de las políticas educativas. Esta falta de atención a las conclusiones de la investigación tiene como consecuencia una perdida de oportunidades de mejora del sistema y un incremento de la desigualdad: afecta en mayor medida a aquellos infantes y jóvenes que ya cuentan con menos oportunidades de partida.

Es innegable que gobernar implica gestionar la complejidad, haciéndolo, además, en un contexto de recursos limitados, y poner en juego valores y preferencias diversas. Pero también es obvio que la investigación tiene mucho que ofrecer en el abordaje de las problemáticas sociales y educativas: permite hacer mejores políticas (mas efectivas, eficientes y equitativas, como vemos en los ejemplos anteriores) y contribuyen a la racionalización del debate público y una mayor transparencia. Por tanto, una política educativa responsable debe partir y avanzar de la mano del conocimiento rigoroso.

Ahora bien, el dialogo constructivo entre ciencia y política no pasa por casualidad. De entrada, se precisa de investigadores comprometidos y responsables políticos dispuestos a escucharlos, pero incluso así sigue habiendo obstáculos a superar.

La experiencia de los gobiernos que han querido hacer una apuesta por unas políticas informadas en las evidencias constata que, solo con la voluntad de investigadores y gestores públicos no basta. Para asegurar que el fomento de las políticas educativas se produce de una forma sostenible, transparente y sostenida en el tiempo, los gobiernos de alrededor del mundo están poniendo en marcha instrumentos enfocados a 4 grandes objetivos:

1. Incentivar una investigación educativa útil para responder a los retos educativos del país

En algunos países, como Países Bajos o Bélgica, se ofrecen líneas de financiamiento específico para investigación que responde a retos concretos o, directamente, se crean centros de investigación orientados a la producción de conocimientos para responder a preguntas priorizadas políticamente.

También se han hecho grandes apuestas, como la de Estonia, para disponer de bases de datos administrativas integradas y de calidad sobre aspectos clave de la educación (los resultados en las pruebas de competencias, sobre las trayectorias educativas del alumnado, sobre absentismo y abandono, sobre el acceso a determinadas ayudas o programas, etc.) y para hacerlas accesibles a analistas e investigadores.

2. Garantizar que el conocimiento generado es transferido y conocido por los actores clave del sistema educativo

Para estar en disposición de aprovechar el conocimiento generado, es necesario que este llegue a actores clave. Tanto los profesionales de primera línea, docentes y otros educadores, como aquellos que son responsables de planificar y organizar los diferentes servicios y programas que conforman el sistema educativo que deben poder entrar en contacto con este conocimiento y apropiarselo.

Esto no siempre es fácil, por muchos motivos, uno de ellos es que los resultados de las investigaciones suelen difundirse en publicaciones destinadas exclusivamente a los investigadores, que no terminan de ser útiles ni relevantes para los profesionales, y que a menudo no son ni tan solo accesibles. ¿Cómo se puede dar respuesta a este reto? Un ejemplo: En el año 2013, el Ministerio de Educación e Investigación de Noruega creó un organismo específico con la función de identificar, sintetizar y hacer llegar a profesionales y responsables del mundo educativo las evidencias más relevantes para la toma de decisiones, en un formato y en un lenguaje adaptados a sus necesidades.

3. Evaluar sistemáticamente y de forma rigorosa las políticas educativas

En el Reino Unido se quiso dar respuesta a la crisis educativa generada por el cierre de las escuelas a raíz del Covid-19 con el National Tutoring Programme, una gran estrategia de acompañamiento individualizado al alumnado. Y, al mismo tiempo que entraba en funcionamiento este programa, se puso en marcha un seguido de estudios para evaluarlo, con el objetivo de obtener información robusta que ayudara a resolver aquello que no estuviese funcionando correctamente a esclarecer con seguridad si el programa acaba cumpliendo o no su propósito y a recoger aprendizajes para poder diseñar intervenciones similares en un futuro.

Es un ejemplo del esfuerzo que se dedica en algunos entornos a obtener información sobre la implementación, la efectividad y la eficiencia de los programas y políticas educativas que despliegan. El conocimiento que se puede generar a raíz del funcionamiento de las políticas públicas es una de las mejores fuentes de aprendizaje para cualquier sistema, des de un punto de vista de mejora continuada, además de ser, por descontado, una herramienta de cuentas y transparencia hacia la ciudadanía.

4. Garantizar que las evidencias se tienen en cuenta de forma sistemática en la toma de decisiones sobre políticas educativas

El momento clave el el de toma de decisiones. No basta con generar evidencias y difundirlas: es necesario que se tengan en cuenta. Para asegurarlo, en alguno países se apuesta por formar los gestores públicos en competencias vinculadas a la ciencia y al uso de evidencias para las políticas públicas.

No basta con generar evidencias y difundirlas: es necesario que se tengan en cuenta.

Una estrategia complementaria es la de crear unidades y procedimientos que fuercen, incentiven y faciliten la incorporación de las evidencias: des de unidades internas a las administraciones públicas que asesoren el diseño de los programas, como en Filipinas, hasta órganos externos que revisen la adecuación de estas propuestas teniendo en cuenta el conocimiento científico disponible.